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Iniciativa busca que veteranos deportados puedan volver a EE.UU.

Iniciativa busca que veteranos deportados puedan volver a EE.UU.

Se han ubicado casos en México, República Dominicana, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, Jamaica, Inglaterra, Alemania, Canadá, Ghana, entre otros países, pero se espera que más afectados puedan conocer de esta posibilidad anunciada por el gobierno de Biden.

En localidades como Tijuana (Baja California) y Ciudad Juárez (Chihuahua), la presencia de veteranos deportados, esto es, mexicanos que sirvieron a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en alguna etapa de su vida, obtuvieron su baja y fueron expulsados del país tras cometer algún delito o felony, es conocida hace varios años. Distintos estudios y publicaciones de medios de comunicación mexicanos e internacionales han dado cuenta de esta realidad, ya que a través de organizaciones y activismo muchos han venido luchando por volver al país que juraron proteger y defender; una posibilidad que se veía inalcanzable, al menos hasta 2021.

El 2 julio de ese año, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., anunció en un comunicado el compromiso del gobierno de Joseph Biden de “traer de vuelta a los veteranos y a sus familiares directos que fueron expulsados de manera injusta, así como garantizar que reciban los beneficios a los que pueden tener derecho” (Homeland Security, 2021). Desde entonces y hasta septiembre de 2022, se contabilizan unos 30 veteranos que han logrado volver a la Unión Americana, en buena parte gracias a acompañamiento legal. Sin embargo, existen muchos más esparcidos en México y el mundo buscando esta posibilidad o que quizá desconozcan que existe.

Precisamente, uno de los problemas es saber cuántos veteranos deportados hay y sus orígenes nacionales, debido a que en las estadísticas del Department of Homeland Security (DHS), no hay registros de quiénes fueron parte del cuerpo militar entre los datos de personas removidas. Pero Robert Vivar, de Unified U.S. Deported Veterans Resource Center, organización que opera en Tijuana, y quien logró retornar a EE.UU. en 2021 tras estar nueve años en el lado mexicano, calcula -con base en contactos obtenidos entre distintas organizaciones- que son poco más de 500 los militares deportados, entre mexicanos y de otros países.

Estos últimos, al estar geográficamente más lejos de la Unión Americana pueden ser más difíciles de hallar, por lo que se busca que más ex soldados conozcan sobre esta iniciativa del gobierno para pelear sus casos a pesar del tiempo que lleven fuera y la distancia.

Cabe señalar que tras el anuncio de la administración Biden, apenas el 7 de febrero de 2022 se creó un sitio web que da acceso a un formulario en el cual los veteranos deportados se pueden registrar (https://www.dhs.gov/immvets). Según Vivar, hasta septiembre de 2022 se habían anotado 178 veteranos, pero solo 80 habían llenado el formulario. Fuera de los casos que regresaron, 32 procesos estaban pendientes de revisión por parte de la administración estadounidense. Son cifras muy bajas, teniendo en cuenta que habría más de 500.

Lo importante para nosotros es que se corra la voz para que cualquier veterano, no importa en qué parte del mundo esté, tenga esa oportunidad (de regresar a EE.UU) o si tuvo discapacidad durante su servicio militar que pueda recibir la compensación que merece.»

Robert Vivar, Unified U.S. Deported Veterans Resource Center

Numéricamente, México es el principal país de nacimiento de los veteranos que han logrado regresar y de aquellos que se han registrado, pero también existen casos de República Dominicana, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, Perú, Jamaica, Dominica, Inglaterra, Alemania, Canadá, Ghana, entre otros países. En estos registros el veterano deportado más joven tiene 32 años y el de mayor edad, 78 años; incluso, hay una mujer originaria de Costa Rica buscando retornar, comenta Vivar.

De acuerdo con información de Deported Veterans Support House o El Bunker, otra organización que opera en Tijuana, muchos de los veteranos deportados han servido en guerras como la de Vietnam, el Golfo Pérsico, Kosovo, Irak y Afganistán, así que se trata de una comunidad expulsada bastante diversa en términos generacionales y de experiencias dentro del cuerpo militar. Pero, ¿por qué son deportados inmigrantes que sirvieron a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Lo resumo a continuación.

Residentes, pero deportables

Distintos estudios sobre la deportación de inmigrantes que sirvieron a las Fuerzas Armadas de los EE.UU. dan cuenta de su frágil situación cuando llegan a cometer delitos, aun siendo parte de la institución militar. Griselda San Martín (2014), académica de la Universidad de Colorado y experta en el tema de veteranos deportados, sostiene que se trata de personas nacidas en otro país, muchas veces llevados por sus padres a temprana edad, que tenían estatus de residente permanente o Green Card, y que habían vivido buena parte de su vida en los EE.UU, esto es, que cultural y socialmente se sienten americans.

Comenta que muchos soldados latinos se enlistan en las Fuerzas Armadas porque piensan que así serán automáticamente ciudadanos de ese país, sin embargo, este proceso no es automático y requiere ayuda de abogados y varios trámites. Hay que considerar también que los soldados se someten a un entrenamiento físico y psicológico muy riguroso, y que después del servicio militar la adaptación a la vida civil suele ser complicada, sobre todo si han estado en zonas de guerra y han sufrido traumas.

La propia formación o experiencia en campo puede desencadenar síndromes de estrés post traumático (PTSD, en inglés), de ahí que “existe una tendencia a usar drogas y alcohol, para no tener esa tensión continua. Muchas veces sienten amenaza constante y reaccionan de forma violenta. Esto provoca que cometan algún delito”, recalca San Martín (2014).

Otro aspecto a considerar es que los cambios en la legislación migratoria de EE.UU. desde 1996 hicieron que todos los indocumentados y residentes permanentes o temporales fueran más vulnerables a la deportación, al reclasificarse algunos delitos menores como delitos agravados (Jordán, 2021). Así, Muro y Alarcón (2021) distinguen cinco categorías de crímenes por los cuales los No ciudadanos estadounidenses, en caso de ser convictos, pueden ser deportados: i) crímenes de depravación moral, ii) ofensas relacionadas con sustancias controladas, iii) ofensas relacionadas con armas o dispositivos destructivos, iv) crímenes de violencia doméstica o contra los niños y v) los delitos agravados.

En la lista de los delitos agravados están crímenes como asesinato, violación o abusos que atentan contra la vida y la integridad de las personas. También se incluye el tráfico de drogas, el tráfico ilícito de armas de fuego y el lavado de dinero. En los delitos contra la propiedad están el robo y el fraude. Otros delitos tienen que ver con violaciones a la ley de inmigración, tales como tráfico de extranjeros, reingreso de un extranjero previamente deportado (illegal reentry), así como falsificar documentos. Mientras que conducir bajo la influencia del alcohol u otras drogas (DUI por sus siglas en inglés) y conducir intoxicado (DWI en inglés) son considerados crímenes de violencia, lo mismo que la agresión, el abuso infantil, la violencia doméstica, el homicidio involuntario, robo o resistencia al arresto.

En sí, los motivos para una expulsión permanente son variados y no toman en cuenta el servicio militar. Solamente los ciudadanos de Estados Unidos por nacimiento o naturalización no pueden ser deportados (Acosta, 2016; Muro y Alarcón, 2021). No obstante, desde el anuncio de la administración Biden de la iniciativa para miembros militares y veteranos inmigrantes, el Departamento de Asuntos de los Veteranos comenzó a contactar a 123,983 ex soldados que están en los Estados Unidos y no son ciudadanos estadounidenses para asesorarles sobre su naturalización y así reducir el riesgo de una eventual deportación. Esta cifra corresponde a personas que dejaron las Fuerzas Armadas entre 2001 y abril de 2022 (Gamboa, 2022).

También desde junio se instruyó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) para que el servicio militar de un No ciudadano y sus familiares inmediatos se tenga en cuenta a la hora de decidir si se deporta a alguien o se toman otras medidas de la legislación migratoria.

Patriotas desechables

Los veteranos deportados sufren una crisis de identidad debido a que servir a los EE.UU. fue interiorizado como parte de su formación y su vida. Muchos crecieron allí, hablan un inglés nativo y en ciertos casos, su español es poco fluido, además que la expulsión representa una humillación o deshonra, situación que he podido constatar en investigaciones realizadas en la frontera norte de México.

En 2019 entrevisté a varios veteranos deportados en Ciudad Juárez y cada experiencia es compleja. Ricardo M. (41 años entonces) sirvió en la Armada (Navy) y fue deportado en 2007 tras pasar seis meses en prisión por un delito. “Muchas veces el ejército ni siquiera sabía de los desórdenes traumáticos que tienen los soldados, especialmente en la guerra de Vietnam (…) Es como un switch que tienes que apagar, estás en modo de combate, de supervivencia y luego quieren que seas un ciudadano modelo. Hay muchos casos de soldados de postguerra que traen problemas con violencia, agresividad, armas, porque así tenían que reaccionar”, comentó

A ello se suma que tras salir del servicio militar encontrar trabajo o reinsertarse en la vida civil no es sencillo. Entonces, “In USA haces un delito y si eres american veteran cumples tu tiempo (en prisión) y luego hay programas para ayudarte, y ya que acabas ese programa ya estás en good standing con la sociedad y ya eres buena persona de vuelta. Pero nosotros como éramos inmigrantes no tenemos esa oportunidad, nomás nos recoge ICE y nos deportan”, mencionó Ivan O. (43 años entonces), quien fue deportado en 2016, a pesar de que sirvió en el Ejército (Army) y entre sus misiones cuidó la frontera de Irak con Jordania, durante la Operación Libertad Iraquí.

Él es uno de los veteranos que logró volver a los EE.UU. en julio de 2022 con un parole humanitario, un estatus especial que permite la admisión de un migrante en ese país de manera temporal por razones humanitarias; en este caso para realizar su entrevista de ciudadanía (Martínez, 2022).

México era un país desconocido para la mayoría, pues emigraron muy chicos, y ello ha representado dificultades de adaptación. Además, las rupturas que este proceso de expulsión provoca agravan la sensación de destierro y abandono, ya que sus redes familiares se quedan del lado estadounidense. Hay veteranos cuyas relaciones con sus padres, cónyuges o hijos se resquebrajaron desde la experiencia en prisión, mientras en otros casos la ruptura comenzó tras ser expulsados, porque es difícil mantener los lazos a la distancia.

“Mi esposa sigue viniendo (a México), los que ya no han venido mucho son mis hijos, han ido creciendo y ya tienen sus vidas aparte (…) Mi mamá venía antes cada semana, luego cada mes, ahora viene cada año, me trae dinerito. Así pasa, cuando primero salimos pues aquí están, pero ya como al tiempo se van olvidando de uno”, relató Arturo (47 años entonces), quien fue deportado en 2007.

La vida fuera de los Estados Unidos también resulta complicada por el estigma que existe en torno a la deportación, la cual suele asociarse con criminalidad, aunque los delitos cometidos y que generaron dicha expulsión sean de distintos niveles. En ciertas localidades de México, incluso, los veteranos deportados prefieren no decir que fueron parte del servicio militar porque representa riesgos, ya que pueden ser reclutados por el crimen organizado.

Algunos veteranos han logrado reinsertarse laboralmente en México en actividades donde saber inglés ayuda, por ejemplo en call centers; otros sobreviven en oficios que en ciertos casos no representan ingresos suficientes, mientras otros cobran la pensión militar de EE.UU. o alguna compensación por afectaciones a su salud física o mental provocadas por el ejercicio de su actividad militar. Esto, tras la lucha de organizaciones para acceder a ese beneficio que les corresponde como veteranos. 

Una historia desde Ecuador

Juan Jacóme, ecuatoriano que fue deportado en 2003, guarda esta foto de recuerdo de su paso por el Ejército de Estados Unidos a mediados de los 70s.

Por periódicos de Tijuana, conocí del caso de un veterano de nacionalidad ecuatoriana que permaneció 22 años en el país andino y tras una larga lucha legal, pudo volver a los Estados Unidos en marzo de 2022. Pero existe otro caso en Ecuador: el de Juan Jácome, quien fue deportado en el 2003 y reside en Guayaquil, a quien contacté para conocer su historia.

Juan tiene hoy 68 años y cuenta que en 1973 (a sus 17) emigró a los Estados Unidos porque su padre, que ya era residente allá, lo pidió por reunificación familiar. Dos años después se enlistó en el ejército, alentado por otros migrantes ecuatorianos que habían estado en la guerra de Vietnam y le conectaron con un oficial de reclutamiento. Lo vio como una buena opción para hacer su vida en ese país.

 “El  4 de noviembre de 1975 entré al Ejército y me mandaron a Missouri para el entrenamiento básico. Me gradué a los 4 meses y de ahí me mandaron a Kentucky. Yo era ingeniero de combate, detectaba las minas, explosivos. Estuve activo para ir a cualquier guerra, en ese tiempo querían mandar gente a Camboya, así que me pusieron en alerta amarilla para ir allá, pero al final no ocurrió. En 1977 me metí en un problema en Nueva York y me arrestaron. Por 3 años estuve preso y me mandaron una baja honorable del Ejército”, cuenta.

En prisión, Juan culminó sus estudios de bachillerato y también cursó parte de la universidad, la carrera de Artes Liberales. Tras su salida del reclusorio, en los años 80, tuvo otros episodios que lo llevaron a cumplir penas en prisión hasta que, en 1998 y estando en libertad condicional, fue detenido por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Tras salir de prisión fue llevado por autoridades de migración a Pensilvania, donde peleó durante dos años para evitar su deportación, pero finalmente tuvo que firmar su salida del país.

En los casi 20 años que lleva en Guayaquil cuenta que intentó rehacer su vida como pudo, pero hoy le aquejan problemas de salud y la inestabilidad. “Aquí no tengo trabajo, ni seguro social. Nada. Me dedico a hacer “cachuelos” de pintar, cambiar piezas eléctricas, cementar algo. Así me mantengo”, dice. Tras conocer sobre el programa anunciado por el gobierno de Biden, tiene la esperanza de retornar a la Unión Americana o, si esto no es posible, al menos recibir los beneficios que le corresponden como veterano aunque esté en Ecuador. De ahí que está buscando algún tipo de apoyo o asesoría para incluir su caso dentro del programa.

Para este y otros procesos, la asistencia legal es vital. En los retornos que se han logrado han sido abogados de ACLU, Immigrant Defenders Law Center y Public Counsel quienes se han involucrado en representar a varios veteranos. Aunque depende de cada caso particular, buena parte de los regresos ocurrió con algún parole humanitario, explica Robert Vivar, de Unified U.S. Deported Veterans Resource Center, entre ellos están:  

  • Un parole para presentarse a una entrevista de ciudadana y obtener su certificado de naturalización, porque durante la revisión del caso los abogados determinaron que el delito por el cual había sido deportado no era de felonía agravada.
  • Un parole para los que no califican para ciudadanía, pero sí para reabrir el caso por el cual fueron deportados, de manera que puedan destituir o reducir su condena a una menor, y así abrir la posibilidad de cancelar la deportación y restaurar su residencia legal; o
  • Un parole que permite regresar para recibir atención médica en algún hospital de la Administración de Veteranos por discapacidades o daños que haya obtenido en el curso de su vida militar, pero también para tener la oportunidad de reabrir el caso por el que fue deportado u obtener algún perdón federal o estatal, aunque este parole es por 1 año, lapso en el cual debe mover su proceso.

Retornar vivos. Su mayor esperanza.

Hasta ahora la posibilidad más segura, pero menos deseada que tenían los veteranos deportados para retornar a los Estados Unidos era una vez que fallecieran, pues el Código de ese país establece que todos los veteranos, incluyendo los deportados, tienen derecho a ser enterrados en ese país con ceremonia militar incluida. “Tenemos que morir para regresar, pero aquí (fuera de los EE.UU.) estamos deshonrados viviendo”, comentaba con frustración Iván, uno de los deportados que entrevisté en Ciudad Juárez en 2019.

Actualmente, las experiencias de quienes ya pudieron volver con apoyo legal y la iniciativa anunciada por el gobierno de Biden para resarcir el daño causado a quienes sirvieron a la nación y fueron expulsados, alimentan las esperanzas.

Las persistentes presiones de organizaciones, el apoyo de abogados y el lobby dentro y fuera de la Unión Americana por parte de varios veteranos deportados argumentando que se formaron en la institución militar de un país que consideran suyo, que ya pagaron por sus errores en prisión y con el exilio, parecen haber surtido efecto. Como han señalado varios ex soldados hoy dedicados al activismo, aprendieron no solo a luchar para defender un territorio, sino también a apoyarse entre sí para practicar el lema que les inculcaron en las filas militares: “No dejar a nadie atrás”.

PARA SABER

Para más información sobre esta iniciativa visita ⇒ https://www.dhs.gov/immvets 

Para orientación con otros veteranos, puedes contactar a Unified U.S. Deported Veterans Resource Center  ⇒ www.uusdepvets.org

O escribir al email: robert.vivar@uusdepvets.org

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