5 cosas del programa Remain in Mexico que debes saber

A partir del creciente flujo de migrantes, principalmente centroamericanos, que atraviesan México con destino a los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump puso en marcha un programa denominado Migrant Protection Protocols (MPP), más conocido como Remain in Mexico (Quédate en México) que obliga a quienes buscan solicitar asilo, a esperar en territorio mexicano por la resolución de sus casos. En qué consiste este programa y qué implicaciones está teniendo para México y la región, te lo contamos a continuación:

1. Un programa polémico

Los MPP o Protocolos de Protección a Migrantes, anunciados en el último trimestre de 2018, comenzaron a implementarse por parte de los Estados Unidos en 2019. El primer solicitante de asilo devuelto fue el hondureño Carlos G., quien fue retornado a Tijuana el 29 de enero con el fin de que permanezca en esta ciudad fronteriza a la espera de su audiencia ante el tribunal de inmigración de la Unión Americana.

Los MPP, de acuerdo con el Department of Homeland Secutiry (DHS), se sustentan en la Sección 235(b)(2)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de ese país, la cual permite a los Estados Unidos devolver a no ciudadanos que no son elegibles para su admisión y que llegan a su territorio desde un país contiguo, en la mayoría de los casos desde México. Su implementación, según un comunicado emitido entonces por el DHS, obedece a una saturación de su sistema migratorio, pues tenían casi 800 mil casos acumulados en los tribunales de inmigración.

DHS argumentó que en el año fiscal 2015 el CBP (Custom and Border Protection) detuvo a 94,285 unidades familiares de Honduras, Guatemala y El Salvador (Triángulo Norte de Centroamérica) en la frontera sur, y que de ellos, el 99% permanecen en los Estados Unidos, y que más recientemente la cifra se incrementó, pues en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018, el DHS se encontró con un promedio de 2 mil extranjeros inadmisibles llegando a su frontera.

El gobierno de México criticó esta medida y negó haberla negociado con los Estados Unidos; sin embargo el canciller Marcelo Ebrard señaló que por respeto a los derechos humanos se acogería a estas personas y que sería de manera temporal y por razones humanitarias. Posteriormente, a raíz de las presiones de Donald Trump de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, ambos gobiernos acordaron, el 7 de junio, una estrategia para reducir la migración irregular por su territorio. La medida incluyó el despliegue en las fronteras Sur y Norte mexicanas de policías militares de la Guardia Nacional, así como acoger a los buscadores de asilo no mexicanos que siguen llegando a las ciudades fronterizas y a aquellos que son devueltos desde los Estados Unidos.

En Tijuana, migrantes procedentes de Centroamérica han sido devueltos desde los Estados Unidos para esperar en esta ciudad sus audiencias para pedir asilo / Foto: Continente Móvil

2. Los migrantes, los más vulnerables

Activistas y organizaciones de defensa de derechos humanos de ambos países han argumentado que los Migrant Protection Protocols violan normas elementales de protección para personas que emigran huyendo de violencia y persecución. En primer lugar, porque son obligadas a esperar sus resoluciones en ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez, dos de las urbes con mayores índices de violencia de México, y además porque la espera es por tiempo indeterminado, sin fácil acceso a abogados del vecino país que les acompañen en sus procesos y sin tener lugares seguros donde quedarse, además de dificultades para obtener un trabajo en esta frontera que les permita sostenerse económicamente.

Han denunciado también que por la incertidumbre que genera la prolongada espera -meses o años por la cantidad de casos represados- varios de estos solicitantes están optando por retornar a sus lugares de origen hasta que tengan sus citas o son desalentados de continuar con los procesos, lo que implica regresar a contextos de los que pueden haber huido por ver amenazada sus vidas y viola el principio de no devolución.

Otro aspecto que preocupa son las posibilidades reales de que puedan ser aceptadas sus solicitudes de asilo, pues de acuerdo con datos del DHS, en años anteriores aproximadamente 9 de cada 10 peticiones realizadas por personas provenientes de países del Triángulo del Norte finalmente no son meritorias para los jueces federales de inmigración. Esta tendencia la confirma Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), una organización de investigación de datos de la Universidad de Syracuse, en Estados Unidos. Las estadísticas que han venido recopilado muestran que en el año fiscal 2018 un alto porcentaje de asilos fueron denegados a originarios de países centroamericanos. Como se observa en la gráfica 1, El Salvador, Guatemala y Honduras se encuentran entre los primeros 7 países del mundo con más solicitudes rechazadas, un ranking donde también están los solicitantes de México, seguidos por los de China, Haití e India en menor medida.

3. ¿Cómo opera el plan?

El DHS ha argumentado que ciertos extranjeros que permanecen en los Estados Unidos mientras se procesan sus casos de asilo, a menudo terminan no presentando una solicitud formal o desaparecen antes de que un juez de inmigración pueda determinar su situación. A fin de evitar estas prácticas -ha dicho el DHS- los extranjeros que intenten ingresar a los Estados Unidos sin documentación desde México expresando temor de volver a su país, así como aquellos que buscan pedir asilo en alguno de los puertos fronterizos, ahora ya no son liberados en los Estados Unidos, sino que reciben una «Notificación de comparecencia» (NTA, por sus siglas en inglés) para su audiencia en un tribunal de inmigración y son devueltos a México hasta la fecha de sus citas.

De acuerdo con la normativa, el proceso de Remain in Mexico no se aplica a solicitantes mexicanos, ni a menores de edad no acompañados, así como a otras poblaciones vulnerables dependiendo de los casos. Migration Policy Institute (MPI), que analiza este tema en un reporte, señala que una vez que el interesado supera la llamada «entrevista de miedo creíble» y recibe un Aviso de Comparecencia (NTA), en teoría debería regresar en 45 días al puerto de entrada designado para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EUA (ICE, por sus siglas en inglés) lo transporte a la audiencia ante el tribunal de Inmigración. Es durante esa audiencia que el extranjero tiene la oportunidad de presentar formalmente su solicitud de asilo, luego de lo cual, el juez programa el caso para otra audiencia de estatus o una audiencia completa sobre los méritos para adjudicar la solicitud. Entonces el peticionario debe volver otra vez a México a esperar su próxima cita. Si su caso es considerado meritorio por un juez de inmigración podrá permanecer en ese país, mientras que quienes no tengan argumentos que el juez considere válidos serán repatriados, aunque pudieran apelar ante otras instancias.

Otra forma de atender las solicitudes de asilo que estuvo operando desde mediados de septiembre de 2019, fue a través de cortes instaladas en carpas en Laredo, Texas y en Brownsville, en el Valle del Río Grande, de modo que las audiencias en esos lugares se daban a través de videoconferencias. Los solicitantes debían acudir con varias horas de antelación a sus citas desde el lado mexicano para ser llevados hasta esas carpas del lado estadounidense.

Algunos expertos han señalado que todo el proceso de solicitud de asilo puede tardar -en el mejor de los casos- una media de seis meses y dos entrevistas, y que es preferible contar con representación legal para el acompañamiento y defensa adecuados. En la práctica, sin embargo, el panorama muestra tiempos de espera mucho más largos en las ciudades fronterizas, así como dificultades para contar con apoyo legal. Según datos del TRAC de la Universidad de Syracuse, hasta junio de 2019 había 12,997 casos pendientes de MPP en las listas de la Corte de Inmigración de Estados Unidos, y de estos, solo 163 casos habían encontrado representación legal, es decir, apenas el 1.3%.

4. Los devueltos a México, ¿hispanohablantes?

Los Migrant Protection Protocols en teoría se está aplicando a todos los solicitantes de asilo de habla hispana, excepto mexicanos, aunque un reporte de Human Rights First, de Octubre de 2019, señala que también se han detectado ciudadanos mexicanos, y además menores de edad, lo que refleja la poca claridad del proceso. Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, este proceso tuvo una primera etapa entre el 29 de enero al 8 de abril de 2019, fecha en que el gobierno estadounidense suspendió temporalmente el programa por la resolución de un juez. Posteriormente, se reanudó el 16 de abril, siendo los retornados principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, y en menor medida de Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros países.

Las devoluciones comenzaron por los puertos fronterizos de El Chaparral (Tijuana), la Garita Mexicali I (Mexicali), en Baja California; y por la garita Reforma (Ciudad Juárez), en Chihuahua. Desde el 9 de julio los retornos se implementaron por el puente Las Américas de Nuevo Laredo, y desde el 19 de julio por Matamoros, ambas localidades de Tamaulipas. Otros puertos fronterizos se fueron habilitnados en el resto del año. Según reportes de prensa al 50% de los migrantes devueltos por Tamaulipas los estaban trasladando al estado de Nuevo León por falta de infraestructura para recibirlos y para precautelar su seguridad, pero también se ha documentado que otros migrantes eran llevados  hasta Chiapas y otras localidades del sur de la república para que esperen allí sus citas, es decir, a más de 2 mil kilómetros de distancia.

En principio, ingresaban a México un promedio de 100 MPP por día, pero a raíz del acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos del 7 de junio, la cifra aumentó a un promedio de 200 migrantes por día en ciertas ciudades y fue creciendo. Un informe de Human Rights First, señala que hasta inicios de agosto ya se contabilizaban unas 473 personas diarias devueltas, mientras que datos del CBP a octubre de 2019 recogidos por la agencia Reuters, señalaban que en 10 meses ya se habían internado a México más de 50 mil extranjeros desde los Estados Unidos. A diciembre de 2019, de acuerdo con los reportes de TRAC, eran más de 60 mil personas.

En la gráfica 2 te mostramos cómo han ido variando las cifras de devueltos a lo largo de ese año. Cabe resaltar que las cifras por ciudades dejaron de ser publicadas por el Instituto Nacional de Migración a partir del 12 de julio. Los datos después de esa fecha provienen de distintas fuentes.

Otro aspecto a tener en cuenta es que estas cifras solo corresponden al programa MPP, es decir, había un número todavía mayor de migrantes esperando en las ciudades fronterizas, quienes se encontraban en las llamadas «listas de espera» en las que se anotan los recién llegados para obtener un número de turno que les permita un primer acercamiento con autoridades estadounidenses. Este mecanismo conocido como metering actúa como otro cuello de botella que complica más la situación en el territorio mexicano.

Según un informe del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California San Diego (UCSD) y de Robert Strauss Center de la Universidad de Texas en Austin recogido por The New York Times, hasta inicios de agosto de 2019 había más de 26 mil personas anotadas con un promedio de entre seis a nueve meses de espera. Es decir, si se suman los del MPP con los del metering el número de migrantes atrapados en México alcanza una cifra mayor y no solo son originarios del Triángulo Norte de Centroamérica: hay mexicanos, generalmente del sur de la república; africanos, haitianos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, nicaraguenses, cubanos y unos cuantos iraquíes, rusos y turcos.

En el siguiente video de Doha Debates puedes ver cómo viven las «listas de espera» los buscadores de asilo que llegan a Tijuana

5. Nuevas trabas para solicitar asilo

El gobierno de Estados Unidos ha buscado extender sus políticas para restringir el ingreso de buscadores de asilo a su territorio. Una de las vías ha sido a través de un acuerdo de «tercer país seguro», que México se ha negado a suscribir. El término «tercer país seguro» surgió en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en Ginebra, Suiza, en 1951, para acoger a desplazados de la posguerra. Consiste en que cuando una persona abandona su país huyendo de violencia u otro tipo de amenaza a su vida para solicitar asilo en otro, este segundo país puede remitirlo a un tercero que considere puede darle las mismas atenciones y protección, para así alivianar su carga de peticiones.

Esta acogida implica no solo garantizarles seguridad, sino también acceso a trabajo, salud, vivienda y a la reunificación familiar. Un acuerdo de este tipo fue firmado, por ejemplo, entre la Unión Europea con Turquía en 2016 para contener el creciente número de desplazados de Medio Oriente que ingresaban al continente a través de las costas turcas y de las islas griegas, pero también ha sido cuestionado porque Turquía no es parte de la Convención de Ginebra.

En el caso de México, hay voces que señalan que con los MPP se estaría aplicando una política de tercer país seguro de facto, donde además de no haber acuerdo, México no cumpliría con estándares para ser considerado «seguro». Por su parte, el gobierno de Guatemala, que también se ha negado a suscribir un convenio de este tipo, firmó el 26 de julio de 2019 un «Acuerdo de cooperación respecto al examen de solicitudes de protección«, que buscaba que aquellos migrantes de Honduras y El Salvador que crucen Guatemala de camino a la Unión Americana soliciten su asilo desde ese país. Así, si llegaran a la frontera sur estadounidense sin haber hecho esto, serían devueltos a Guatemala.

Sumado a ello, el 8 de septiembre de 2019 trascendió que Honduras y Estados Unidos estaban en conversaciones para suscribir un Acuerdo de Cooperación en Materia de Asilo para implementar una medida similar a la de Guatemala, pero en este caso, las restricciones se pensaban sobre los migrantes procedentes de Cuba y Nicaragua que atraviesen Honduras.

Otras medidas paralelas adoptadas han sido, por ejemplo, que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) emitió en julio de 2019 un comunicado instruyendo a los oficiales de asilo que dentro de los testimonios que recojan de los solicitantes determinen si el extranjero intentó reubicarse en otras zonas seguras antes del viajar a los Estados Unidos, para evaluar si la persona pudiera ser considerada para el trámite. También en un comunicado conjunto del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia, se anunciaron nuevas reglas de elegibilidad para el asilo de extranjeros que ingresan o intentan ingresar a través de la frontera sur. Entre ellas están excluir a quienes habiendo atravesado otros países antes de los Estados Unidos no hubieran solicitado asilo en alguno de ellos; y también a quienes hayan pasado por un país que es parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (México, Guatemala y otros países lo son).

La aplicación de estas reglas se ha visto envuelta en constantes apelaciones presentadas por organizaciones y nuevas arremetidas del gobierno federal; inclusive, llegó a aprobarse su implementación en los estados de Nuevo México y Texas, a diferencia de en California y Arizona vía dictámenes judiciales, hasta que el 11 de septiembre la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó que se apliquen estas reglas en todo el territorio. En todo caso, las disuptas en las cortes han sido la tónica.

Tras la salida de Trump del poder, en enero de 2021, el presidente Joseph Biden derogó el programa MPP. Se estimaba que hasta ese momento quedaban algo más de 20 mil casos de este tipo activos en territorio mexicano, los cuales paulatinamente iban a ser procesados dentro de los Estados Unidos.

Esperamos haberte aclarado algunos aspectos sobre este polémico programa ¡Nos vemos en otro artículo!

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